La buena sintonía entre Javier Milei y Donald Trump convive con una preocupación en Washington: el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, que endurece las sanciones contra las empresas que operan en las islas. Según fuentes diplomáticas, la Casa Blanca le transmitió al Gobierno su malestar porque la iniciativa podría alcanzar a compañías estadounidenses.
Lo que inquieta a Washington no es la intensificación del reclamo argentino de soberanía frente a Londres, sino el alcance de las penalidades. El proyecto oficialista no solo apunta a las firmas que operan en Malvinas, sino también a sus filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores. En la práctica, un gran fondo de inversión con sede en Nueva York que tenga participación en una empresa que opere en el Atlántico Sur podría enfrentar multas millonarias.
«Vemos que la ley va a afectar a empresas de Estados Unidos, estamos en contacto con ellas y han recibido notificaciones. Nuestro interés es que no sean afectadas», señalan en despachos oficiales de Washington. Algunos funcionarios van más allá y advierten que «eso puede crear una barrera para el mercado en materia comercial e inversiones».
Según trascendió, en los últimos días hubo intercambios al más alto nivel. La administración Trump le habría planteado al Gobierno dos caminos para resolver «el malentendido»: el preferido es congelar el proyecto para que no se convierta en ley; el alternativo, modificarlo para limitar las sanciones y dejar exentas a las empresas estadounidenses, algo que tendría un costo político para una Casa Rosada que viene haciendo de Malvinas una de sus banderas.
El tema podría estar en la agenda de los dos funcionarios del Departamento de Estado que visitarán la Argentina en las próximas semanas: el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, cuya llegada le anticipó el propio Marco Rubio a Milei.
El reclamo habría abierto una grieta dentro del gabinete libertario, entre quienes cuestionan no haber tenido en cuenta a un socio clave y advierten sobre el costo de cambiar el texto, y quienes prefieren modificarlo de inmediato para enviarle una señal clara a Trump. El proyecto busca obtener dictamen el martes para entrar en la sesión del miércoles en Diputados.
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