Pasaron poco más de 20 años, cuatro juicios y nueve condenados. Más de diez detenidos por falso testimonio y 38 imputados por mentir. Una sospecha nunca escuchada y un caso que se convirtió en un emblema en Tucumán. Todo ello rodea el crimen de Paulina Lebbos (23), que hoy está a un paso de obtener justicia o caer en la impunidad.
Este miércoles 6 de mayo finaliza el juicio en el que César Soto (44) se sienta en el banquillo de los acusados, mientras los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica deberán resolver sobre el futuro de la ex pareja y padre de la única hija de la joven estudiante de Comunicación.
Alberto Lebbos (71), padre de la víctima, pidió en sus últimas palabras antes de los alegatos «justicia, justicia, justicia», como si eligiera una palabra para cada uno de los magistrados. Ya no es el mismo hombre que hace 20 años organizó la primera marcha de silencio frente a la gobernación, denunciando maniobras de encubrimiento durante la investigación del crimen de su hija. Ya no es solo un padre que pide justicia por su hija: hoy es la cara visible de la lucha contra la impunidad en Tucumán.
«No queremos venganza; queremos –y hablo en plural en nombre de toda mi familia, de mi esposa y de mi hija Marisa, que falleció de un cáncer a causa de todo esto– que se haga realmente justicia, que se termine esta historia de impunidad», expresó Lebbos, a quien se lo vio llorar por primera vez en los tribunales de San Miguel de Tucumán, al declarar como testigo.
«Lo único que pido es que se haga justicia, que se analicen con razón, con el corazón, con el sentimiento y con el alma todas las pruebas existentes. Que se haga justicia para Paulina y para todas las víctimas de la impunidad en Tucumán y en el país», exigió.
En la audiencia del miércoles se llevarán a cabo las réplicas de las partes a los alegatos, las últimas palabras de los acusados y la resolución del tribunal.
El fiscal Carlos Sale, en un contundente alegato la semana pasada, solicitó que Soto sea condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía. Argumentó que el acusado asesinó a Paulina mediante estrangulamiento manual en la madrugada del 26 de febrero de 2006. Los fundamentos principales de Sale se basaron en el contexto de consumo del imputado y en antecedentes de violencia hacia mujeres aportados por los testigos.
La hipótesis de “los hijos del poder” fue descartada en esta etapa procesal luego de que el fiscal desistiera de la acusación contra Sergio Kaleñuk, el hijo del ex secretario privado de José Alperovich, al considerar que no existían elementos suficientes para vincularlo con el homicidio o el posterior descarte del cuerpo. Kaleñuk había sido imputado como coautor del crimen de Paulina.
Por su parte, Soto declaró ser inocente y delegó su defensa al defensor oficial Roque Araujo, quien durante su alegato calificó la acusación como «carente de sustento técnico y lógico». Señaló la decisión del fiscal de no acusar a Kaleñuk y cuestionó: “Si Soto no tiene vinculación con la política, ¿quién hizo todo esto para encubrir a un sanguchero?”.
Los defensores de Kaleñuk, Patricio Char y Candela Álamo, presentaron un alegato en la misma línea y denunciaron que su defendido fue sometido a “un juicio sin pruebas”. “Es un crimen que cambió la provincia, pero eso no justifica arruinarle la vida a una persona”, advirtieron.
El derrotero judicial
El 26 de febrero de 2006, Paulina salió a bailar con Virginia Mercado, su hermana Jimena, y Alejandro Aramayo. Virginia fue la última persona que declaró haber visto viva a la víctima. Compartieron un remís en la zona del ex Abasto, tras asistir al boliche “Gitana”, en San Miguel de Tucumán.
Después de ese momento, Paulina tenía previsto dirigirse hacia la casa de Soto, pero nunca llegó. Estuvo desaparecida durante 13 días, la buscaron desesperadamente y finalmente su cuerpo fue encontrado a la vera de la Ruta 341, en la zona de Tapia, con graves signos de violencia.
Desde entonces, la causa no logró identificar al responsable del crimen. Se realizaron tres juicios previos: el primero en 2013, en el que se condenó por encubrimiento a Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina, comisario y policías de Raco respectivamente, quienes en 2006 habrían fraguado actas y la testimonial del baqueano que halló el cuerpo. Este juicio fue el puntapié inicial para investigar la trama de encubrimiento.
En 2018, se desarrolló el segundo juicio que duró un año, con más de 200 testigos, 32 careos y 38 imputados por falso testimonio. Al menos 12 personas fueron esposadas y sacadas de la sala por mentir en sus declaraciones.
En esa oportunidad, los jueces Rafael Macorito, Carlos Caramuti y Dante Ibáñez condenaron a seis años de cárcel por encubrimiento a Eduardo di Lella, ex secretario de Seguridad de Tucumán, y a Hugo Sánchez, ex jefe de la Policía provincial, además de inhabilitarlos por diez años para ocupar cargos públicos.
Asimismo, se impusieron penas de cinco años
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