La destitución de Santiago Peña abrió una nueva etapa de tensión política en Paraguay. Después de que el Senado lo declarara culpable por mal desempeño de sus funciones, Pedro Alliana juró como nuevo presidente. Peña debía permanecer bajo arresto domiciliario hasta que lo pusieran a disposición del Ministerio Público, en el marco de diligencias judiciales vinculadas con una investigación por delitos económicos y anticorrupción.
El plan cambió durante la noche del viernes, cuando se concentraron manifestantes frente a la vivienda del exmandatario, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. Cerca de la medianoche, tres camionetas salieron de la residencia y trasladaron a Peña al Regimiento Escolta Presidencial. La evacuación se realizó con un operativo de custodia y respondió a la situación en las inmediaciones, donde la presencia de los manifestantes había generado preocupación por la seguridad.
La protesta reclamaba que Peña cumpliera la detención en una cárcel y no en su domicilio. Según la cobertura citada por el medio, vecinos que permanecían en vigilia se enfrentaron con la Policía y lanzaron piedras, huevos y otros objetos contra las camionetas al advertir el traslado. El artículo también atribuye al diario paraguayo La Nación la información de que efectivos policiales dispararon balas de goma contra quienes protestaban. La nota no precisa la cantidad de personas afectadas ni informa sobre heridos.
Las autoridades resolvieron que Peña permaneciera de manera preventiva en la sede militar. La información publicada indicaba que el sábado a las 11 sería trasladado al Ministerio Público para cumplir con las diligencias previstas. Ese movimiento estaba anunciado, no confirmado como realizado en la nota. La decisión de llevarlo primero al regimiento modificó temporalmente el plan de arresto domiciliario, ante la imposibilidad que, según la Policía, presentaba el escenario para garantizar la seguridad de la residencia y de sus ocupantes.
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